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Evolución

España se organiza administrativamente en una estructura multi-nivel con una diversidad amplia de tipos de Administraciones Públicas. Una Administración General del Estado con delegaciones y subdelegaciones en las distintas regiones y provincias. Una Administración Autonómica con 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades con estatuto de autonomía – Ceuta y Melilla. Y una Administración Local con más de 8.000 municipios, más de 40 diputaciones provinciales y miles de corporaciones, asambleas, mancomunidades, zonas francas, etc.

Conseguir la uniformidad en los servicios proporcionados a los ciudadanos y en la operativa interna de las mismas, es una tarea compleja que requiere de una gran colaboración y coordinación. Así como de medios comunes para conseguir los objetivos planteados, entre los que se encuentran siempre la mejora de la eficiencia y la eficacia.

La factura electrónica es aquel documento que se expide y se recibe electrónicamente y que tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Como documento electrónico que es, las ventajas de un modelo de facturación electrónica en las Administraciones Públicas son múltiples, destacando la importancia preferente de la reducción del coste y tiempo en la tramitación y  la calidad de la información y disponibilidad de la misma para su análisis.

A principios de esta década eran escasas las unidades que aceptaban facturas de sus proveedores de bienes y servicios a través de medios electrónicos. Se hacía necesario un empuje para que todas las AAPP se beneficiaran de un modelo electrónico. El empuje de un nuevo modelo de facturación que supusiera un cambio social, con la desaparición de gran parte de las facturas en papel en las AAPP. Un modelo que permitiera un control de la morosidad y una reducción de los plazos de pago al reducir los tiempos de tramitación de las facturas y por tanto mejorara la eficiencia del Sector Público. Y un modelo que sirviera de motor para el tejido empresarial basándose en la importancia de la contratación del Sector Público en el Producto Interior Bruto (PIB) español.

En diciembre de 2013 se aprueba la norma sobre la que pivota este nuevo modelo, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Esta norma establece entre otras medidas la obligación, para todas las AAPP, de recibir facturas a través de medios electrónicos a partir del 15 de enero de 2015. Obligando además a dichas administraciones a disponer de un punto común de entrada de facturas para todas las unidades de su administración. Y obligando a informar en todo momento al proveedor del estado de tramitación de sus facturas.

Para permitir cumplir a todas las AAPP con las obligaciones normativas, la Administración General del Estado ofrece su punto de entrada (FACe) al resto de AAPP de manera gratuita.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desarrolla el punto de entrada de facturas electrónicas (FACe) para dar servicio a las unidades de la Administraciones General y  a aquellas AAPP que se adhieran al sistema. En la actualidad cerca de 8.000 AAPP entre ellas 16 de las 17 Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado utilizan un punto común para posibilitar a sus proveedores de bienes y servicios la entrega de sus facturas.

Factura Electronica

Una vez cumplidas las fechas establecidas en la norma, se ha pasado de la práctica inexistencia de AAPP preparadas para recibir facturación electrónica a la casi totalidad de administraciones recibiendo su facturación a través de medios electrónicos. Se ha mejorado el control de la morosidad y se han reducido los tiempos medios de pago en las administraciones. Los proveedores de bienes y servicios y las AAPP se benefician  de los ahorros económicos que la factura electrónica proporciona.

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